El ministro de hacienda, Mario Marcel, asevera que “el diseño de royalty mantiene los incentivos a la inversión que permitirán seguir desarrollando el sector minero, considerando tasas de retorno sobre patrimonio que se encuentran por sobre los limites de las compañías consideran a la hora de tomar sus decisiones de inversión”. 

Sin embargo, su certeza no convenció a las empresas que tras conocer este lunes las indicaciones al proyecto firmaron su total discrepancia con esta frase.

El royalty diseñado por el ministerio tiene dos componentes:

El ad valorem se aplica sobre las ventas anuales de cobre fino en forma progresiva con tasas efectivas del 1% al 2% paras las mineras que vendan más de 50.000 toneladas de cobre fino y menos de 200.000 toneladas al año. En función del precio promedio anual del cobre (la parte que se situé entre US$2 Y US$3 la libra, pagara un 4%. Sobre US$3, se paga un 7%.

Joaquín Villarino, presidente del consejo minero afirma que “Este royalty si desincentivará la inversión por que la carga tributaria con que quedaría el sector es de al menos el 55% y con precios sobre US$3,7 por libra aumenta al 60%. Eso no es competitivo a nivel global, donde las tasas promedio están en un 40%, ya que nos deja entre 15 a 20 puntos sobre la de países con que competimos”.

Joaquín Jara, director del Centro de Estudios del Cobre y la minería (Cesco) y académico de la UC, coincide con lo anterior y además plantea que “este impuesto está pensado para aumentar el gravamen de las cuatro o cinco mayores explotadoras privadas del cobre: Escondida, Collahuasi, Pelambres y Los Bronces, que son las que más han invertido y confiado en la estabilidad del país”. 

COCHILCO

Según un reporte de Cochilco, 21 yacimientos produjeron más de 50 mil toneladas en 2021, siete de los cuales son de Codelco. Escondida fue el mayor, con un millón de toneladas, 18% de los 4,6 millones producidos por Chile. Le siguieron Collahuasi (630mil toneladas), El Teniente (460mil), Anglo American Sur, dueña de Los Bronces (370mil) y Los Pelambres (336mil).

¿Qué dicen los especialistas?

La industria esperaba que la nueva reforma tributaria recogiera el texto del proyecto que está hoy en el Senado, que moderó disposiciones que en el trámite constitucional en la Cámara de Diputados disparaban la tributación del sector a un rango del 65% al 95%. En este trance, las grandes empresas admitieron que había espacio para pagar más, pero no tanto como se pretendía en la Cámara.

Lo aceptable limitaba con el 48% de Perú o el 50% propuesto por un estudio de Cesco. Pero el minis tro Mario Marcel los sorprendió con una fórmula que arroja una carga de hasta el 60%, según prevén actores y expertos que, afirman, dejará a Chile liderando el ranking de carga tributaria para la actividad. 

Alicia Dominguez, socia del area Impuestos de EY, explica que el impuesto ad valorem afecta a la primera línea y es muy oneroso porque no depende de las utilidades de la compañía, sino solo de sus ventas brutas, sin atender a la heterogeneidad de los costos en el sector: "No responde a la capacidad de pago del con tribuyente, que puede no tener suficiente caja o flujo para pagar este impuesto. No necesariamente los que más ganan serán los que mas paguen".

El socio de Tax & Legal de KPMG, Juan Pablo Guerrero, afirma que los impuestos ad valorem tienen la ventaja de que al aplicarse a la primera línea es información fácil de obtener y administrar para la autoridad tributaria, son más rápidos de calcular y eficientes de recaudar. Además, está directamente asociado a un valor público como es la cotización de la tonela da métrica de cobre fino. "Pero puede generar ineficiencias. Como son companíasde altos costos, intensivasen inversión en tecnología, maquinaria y todo lo que tiene que ver con producción de alto nivel, en un momento del cobre bajo puede pegar fuerte en los resultados de aquellas con altos costos de producción y márgenes pequeños. Es un nuevo costo a la explotación", plantea.

¿Inversión en juego?

Según la minería privada, el proyecto dañará la inversión futura. "La inversión del sector representa más del 12% o 14% de la inversión total del país en los últimos años, no puede desconocerse esa realidad. Y eso conversa con lo cada vez más caro que es producir en el país: mayores costos de la energía, yacimientos más antiguos, dificultades en el acceso al agua, de mora en obtención de permisos, compensacio nes ambientales", enfatiza Villarino.

Joaquín Jara, de Cesco, cree que la nueva estructura impositiva no paralizará operaciones en el corto plazo, aparte de un par que pasen de tener pérdidas a utilidades; pero sostiene que sí bajará la inversión futura en las operaciones actuales, por lo que se pueden dejar de producir unas 600.000 toneladas de aquí al final de la década. Y que se puede perder otro millón de toneladas de cobre fino en nuevos proyectos al año para igual periodo.

Jara hace hincapié en que históricamente Chile ha tenido tasas impositivas más bajas que sus competidores directos y los progresivos aumentos no significaron pérdidas de competitividad, pero que hay un punto donde los impuestos generan desincentivos y las inversiones se van: "Hoy el Estado captura el 40% de las rentas de la minería, Perú, cerca del 48%, y algunos estados de Australia, el 52%. Que Chile suba al 60% no es una diferencia marginal" Por ahora, el camino que les queda a las mineras será defender sus argumentos en el Congreso, donde piensan mostrar cómo le pegará a cada una el "royalty recargado".